La regulación de la inteligencia artificial (IA) constituye un imperativo técnico, ético y jurídico ineludible en el contexto actual de acelerado desarrollo tecnológico. Lejos de operar en un vacío normativo, la IA se encuentra ya sujeta a un entramado legal multiescalar -europeo, nacional e internacional- que busca garantizar su desarrollo y uso en conformidad con los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la protección de las personas. Tal como señalan las Directrices éticas para una IA fiable de la Comisión Europea (2019), este marco incluye desde el Derecho primario de la UE -Tratados y Carta de los Derechos Fundamentales- hasta un conjunto de normas sectoriales y horizontales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las directivas antidiscriminación, y las leyes sobre responsabilidad civil, seguridad laboral y protección al consumidor.
Regular la IA responde a tres dimensiones clave:
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